Mientras la Alcaldía y los socios inversionistas de la segunda fase
del proyecto Ciudad Paraíso venden las bondades de la futura nueva
cara del centro de Cali, los propietarios e inquilinos de los barrios El
Calvario y San Pascual iniciaron un movimiento para buscar que los
predios que tendrán que ser intervenidos sean pagados a los que ellos
llaman un “precio justo”.
Eso ha generado lasmarchas de decenas de personas en la última semana
por el sector del centro, quienes en sus arengas aseguran que no
saldrán de la zona si no son indemnizados en forma justa por el
Municipio. Pero además de las marchas, propietarios y arrendatarios de
locales comerciales e inquilinatos presentarán demandas, algunas
individuales, otras de carácter colectivo, para buscar una mejor
compensación económica.
El abogado Rodolfo Yanguas asegura que tiene poder de cerca de 50
personas (entre propietarios y arrendatarios) para iniciar demandas.
Pero además el profesional dice que está realizando el acopio de pruebas
para instaurar acciones populares y de tutela, a favor de la población
vulnerable que vive en la zona, entre ellos una comunidad de indígenas
embera.
De hecho, el pasado viernes este abogado instauró una queja ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, por lo que él
llama un desalojo forzoso del centro. “Vamos a buscar la protección
que Naciones Unidas formalizó a través de la Resolución 1993 de 1977 y
que Colombia acogió por ser miembro de la ONU”, afirma.
Historia de inconformidades
La inconformidad comenzó en abril de este año, cuando la Empresa
Municipal de Renovación Urbana, Emru, entregó los avalúos comerciales y
la oferta económica a los propietarios de los 181 predios de El
Calvario, donde se hará la estación intermedia del centro del MÍO y el
centro comercial Paraíso.
Mario Rodríguez tiene dos casas en el barrio El Calvario. Dice que
lo que valen las propiedades de su familia es mayor al avalúo hecho
por la Emru. “Ellos venden el proyecto a los privados como la mejor
tierra de Cali, pero a la hora de comprarnos los predios, sí le ven todo
lo malo al sector”, anota.
Y pone como ejemplo la oferta hecha a un vecino, que tiene una casa
de dos pisos cuyo lote de terreno es de 160 metros cuadrados con un
área construida de 300 metros cuadrados. “La oferta de la Emru,
incluida la indemnización, es de $120 millones. ¿Qué propietario
entregaría su patrimonio de toda la vida por ese valor?”, se pregunta.
El padre de Pilar Giraldo tiene un predio comercial sobre la
Carrera 10. Ella asegura que lo ofrecido por la Emru no llega ni
siquiera al avalúo catastral (con el que se tasa el impuesto predial).
Esa es la razón por la que no han cerrado negocio con el Municipio y por
la que buscaron asesoría de un abogado.
Y sin haberse iniciado el proceso de avalúos comerciales de 482
predios en San Pascual (donde se harán 4500 apartamentos en lo que la
Emru denomina la tercera fase de Ciudad Paraíso), sus habitantes también
se resisten a salir de allí.
Carlos Córdoba, residente en el sector, dice que la mayoría de los
propietarios están dispuestos a no vender. “La comunicación con la Emru
es muy vaga y cuando se le pregunta cuánto es el valor del metro
cuadrado de la tierra nos salen con evasivas”, explica.
Mauricio Sandoval dice que San Pascual, aunque es vecino de El Calvario,
tiene una connotación diferente. “Aquí vive mucho propietario y las
personas dependen económicamente del predio, pues tienen negocios
pequeños y apartamentos en alquiler, que le prestan servicios a los
uniformados de estación de Policía de Fray Damián”.
Sin embargo, otros propietarios como Roberto Alimentato,
expresidente de la Junta Comunal y miembro de la Asociación de
Propietarios de San Pascual, dice que la gente se irá si le pagan bien
su predio. “Por eso vamos a dejar hacer la valoración de parte de la
Emru, para saber cuánto van a ofrecer”.
Alimentato reconoce que la renovación del centro ahora es un hecho.
“Llevamos años escuchando del proyecto y la hora ya llegó. Sabemos que
tenemos que irnos, pero queremos que toda la gente de la zona sea
compensada, no solo los propietarios”.
Alcibiades Sepúlveda, propietario del Supermercado La Campesina, es
uno de los arrendatarios que tendrá que desocupar el local comercial el
próximo 12 de diciembre, después de 29 años de tener el negocio en esta
zona. Comenta que los contactos que tuvo con la Emru fue para dejar
medir el predio y le preguntaron sobre su actividad comercial.
Pero el 12 de septiembre pasado fue notificado por el
propietario del local que tenía tres meses para buscar otro sitio para
instalar su negocio. “Primero me llegó una carta y luego hablé con el
dueño y me dijo que no me cobraría los tres meses de alquiler como
compensación por mi salida”, anota.
Cuando se acercó a la Emru a preguntar por el plan social para los
que no son propietarios, se encontró con que los tres meses de arriendo
que el propietario no le va a cobrar son asumidos por la Empresa de
Renovación Urbana. “Yo tengo que salir de aquí, sin un peso y con
millonarias obligaciones que atender y familia que mantener”,
manifiesta.
El abogado Rodolfo Yanguas explica que en el centro que será renovado
viven 1500 personas en condición de vulnerabilidad (en inquilinatos y
en la calle). “Ese problema social a quién se lo vamos a dejar, porque
lo que se ve a primera vista es que van a trasladarlo a los barrios
vecinos, en vez de tratar de solucionar los focos de indigencia, de
pobreza, de drogadicción y de falta de atención de Estado”, dice.
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