Demandas, el nuevo escollo al que se enfrenta la renovación del centro de Cali

 

Mientras la Alcaldía y los socios inversionistas de la segunda fase del proyecto Ciudad Paraíso venden las bondades de la futura nueva cara del centro de Cali, los propietarios e inquilinos de los barrios El Calvario y San Pascual iniciaron un movimiento para buscar que los predios que tendrán que ser intervenidos sean pagados a los que ellos llaman un “precio justo”.

Eso ha generado lasmarchas de decenas de personas en la última semana por el sector del centro, quienes en sus arengas aseguran que no saldrán de la zona si no son indemnizados en forma justa por el Municipio. Pero además de las marchas, propietarios y arrendatarios de locales comerciales e inquilinatos presentarán demandas, algunas individuales, otras de carácter colectivo, para buscar una mejor compensación económica.

El abogado Rodolfo Yanguas asegura que tiene poder de cerca de 50 personas (entre propietarios y arrendatarios) para iniciar demandas. Pero además el profesional dice que está realizando el acopio de pruebas para instaurar acciones populares y de tutela, a favor de la población vulnerable que vive en la zona, entre ellos una comunidad de indígenas embera.

De hecho, el pasado viernes este abogado instauró una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, por lo que él llama un desalojo forzoso del centro. “Vamos a buscar la protección que Naciones Unidas formalizó a través de la Resolución 1993 de 1977 y que Colombia acogió por ser miembro de la ONU”, afirma.

Historia de inconformidades

La inconformidad comenzó en abril de este año, cuando la Empresa Municipal de Renovación Urbana, Emru, entregó los avalúos comerciales y la oferta económica a los propietarios de los 181 predios de El Calvario, donde se hará la estación intermedia del centro del MÍO y el centro comercial Paraíso.

Mario Rodríguez tiene dos casas en el barrio El Calvario. Dice que lo que valen las propiedades de su familia es mayor al avalúo hecho por la Emru. “Ellos venden el proyecto a los privados como la mejor tierra de Cali, pero a la hora de comprarnos los predios, sí le ven todo lo malo al sector”, anota.

Y pone como ejemplo la oferta hecha a un vecino, que tiene una casa de dos pisos cuyo lote de terreno es de 160 metros cuadrados con un área construida de 300 metros cuadrados. “La oferta de la Emru, incluida la indemnización, es de $120 millones. ¿Qué propietario entregaría su patrimonio de toda la vida por ese valor?”, se pregunta.

El padre de Pilar Giraldo tiene un predio comercial sobre la Carrera 10. Ella asegura que lo ofrecido por la Emru no llega ni siquiera al avalúo catastral (con el que se tasa el impuesto predial). Esa es la razón por la que no han cerrado negocio con el Municipio y por la que buscaron asesoría de un abogado.

Y sin haberse iniciado el proceso de avalúos comerciales de 482 predios en San Pascual (donde se harán 4500 apartamentos en lo que la Emru denomina la tercera fase de Ciudad Paraíso), sus habitantes también se resisten a salir de allí.

Carlos Córdoba, residente en el sector, dice que la mayoría de los propietarios están dispuestos a no vender. “La comunicación con la Emru es muy vaga y cuando se le pregunta cuánto es el valor del metro cuadrado de la tierra nos salen con evasivas”, explica.
Mauricio Sandoval dice que San Pascual, aunque es vecino de El Calvario, tiene una connotación diferente. “Aquí vive mucho propietario y las personas dependen económicamente del predio, pues tienen negocios pequeños y apartamentos en alquiler, que le prestan servicios a los uniformados de estación de Policía de Fray Damián”.

Sin embargo, otros propietarios como Roberto Alimentato, expresidente de la Junta Comunal y miembro de la Asociación de Propietarios de San Pascual, dice que la gente se irá si le pagan bien su predio. “Por eso vamos a dejar hacer la valoración de parte de la Emru, para saber cuánto van a ofrecer”.

Alimentato reconoce que la renovación del centro ahora es un hecho. “Llevamos años escuchando del proyecto y la hora ya llegó. Sabemos que tenemos que irnos, pero queremos que toda la gente de la zona sea compensada, no solo los propietarios”.

Alcibiades Sepúlveda, propietario del Supermercado La Campesina, es uno de los arrendatarios que tendrá que desocupar el local comercial el próximo 12 de diciembre, después de 29 años de tener el negocio en esta zona. Comenta que los contactos que tuvo con la Emru fue para dejar medir el predio y le preguntaron sobre su actividad comercial.

Pero el 12 de septiembre pasado fue notificado por el propietario del local que tenía tres meses para buscar otro sitio para instalar su negocio. “Primero me llegó una carta y luego hablé con el dueño y me dijo que no me cobraría los tres meses de alquiler como compensación por mi salida”, anota.

Cuando se acercó a la Emru a preguntar por el plan social para los que no son propietarios, se encontró con que los tres meses de arriendo que el propietario no le va a cobrar son asumidos por la Empresa de Renovación Urbana. “Yo tengo que salir de aquí, sin un peso y con millonarias obligaciones que atender y familia que mantener”, manifiesta.

El abogado Rodolfo Yanguas explica que en el centro que será renovado viven 1500 personas en condición de vulnerabilidad (en inquilinatos y en la calle). “Ese problema social a quién se lo vamos a dejar, porque lo que se ve a primera vista es que van a trasladarlo a los barrios vecinos, en vez de tratar de solucionar los focos de indigencia, de pobreza, de drogadicción y de falta de atención de Estado”, dice.