Mientras la Alcaldía y los socios inversionistas de la segunda fase del proyecto Ciudad Paraíso venden las bondades de la futura nueva cara del centro de Cali, los propietarios e inquilinos de los barrios El Calvario y San Pascual iniciaron un movimiento para buscar que los predios que tendrán que ser intervenidos sean pagados a los que ellos llaman un “precio justo”.

Eso ha generado lasmarchas de decenas de personas en la última semana por el sector del centro, quienes en sus arengas aseguran que no saldrán de la zona si no son indemnizados en forma justa por el Municipio. Pero además de las marchas, propietarios y arrendatarios de locales comerciales e inquilinatos presentarán demandas, algunas individuales, otras de carácter colectivo, para buscar una mejor compensación económica.

El abogado Rodolfo Yanguas asegura que tiene poder de cerca de 50 personas (entre propietarios y arrendatarios) para iniciar demandas. Pero además el profesional dice que está realizando el acopio de pruebas para instaurar acciones populares y de tutela, a favor de la población vulnerable que vive en la zona, entre ellos una comunidad de indígenas embera.

De hecho, el pasado viernes este abogado instauró una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, por lo que él llama un desalojo forzoso del centro. “Vamos a buscar la protección que Naciones Unidas formalizó a través de la Resolución 1993 de 1977 y que Colombia acogió por ser miembro de la ONU”, afirma.

Historia de inconformidades

La inconformidad comenzó en abril de este año, cuando la Empresa Municipal de Renovación Urbana, Emru, entregó los avalúos comerciales y la oferta económica a los propietarios de los 181 predios de El Calvario, donde se hará la estación intermedia del centro del MÍO y el centro comercial Paraíso.

Mario Rodríguez tiene dos casas en el barrio El Calvario. Dice que lo que valen las propiedades de su familia es mayor al avalúo hecho por la Emru. “Ellos venden el proyecto a los privados como la mejor tierra de Cali, pero a la hora de comprarnos los predios, sí le ven todo lo malo al sector”, anota.

Y pone como ejemplo la oferta hecha a un vecino, que tiene una casa de dos pisos cuyo lote de terreno es de 160 metros cuadrados con un área construida de 300 metros cuadrados. “La oferta de la Emru, incluida la indemnización, es de $120 millones. ¿Qué propietario entregaría su patrimonio de toda la vida por ese valor?”, se pregunta.

El padre de Pilar Giraldo tiene un predio comercial sobre la Carrera 10. Ella asegura que lo ofrecido por la Emru no llega ni siquiera al avalúo catastral (con el que se tasa el impuesto predial). Esa es la razón por la que no han cerrado negocio con el Municipio y por la que buscaron asesoría de un abogado.

Y sin haberse iniciado el proceso de avalúos comerciales de 482 predios en San Pascual (donde se harán 4500 apartamentos en lo que la Emru denomina la tercera fase de Ciudad Paraíso), sus habitantes también se resisten a salir de allí.

Carlos Córdoba, residente en el sector, dice que la mayoría de los propietarios están dispuestos a no vender. “La comunicación con la Emru es muy vaga y cuando se le pregunta cuánto es el valor del metro cuadrado de la tierra nos salen con evasivas”, explica.
Mauricio Sandoval dice que San Pascual, aunque es vecino de El Calvario, tiene una connotación diferente. “Aquí vive mucho propietario y las personas dependen económicamente del predio, pues tienen negocios pequeños y apartamentos en alquiler, que le prestan servicios a los uniformados de estación de Policía de Fray Damián”.

Sin embargo, otros propietarios como Roberto Alimentato, expresidente de la Junta Comunal y miembro de la Asociación de Propietarios de San Pascual, dice que la gente se irá si le pagan bien su predio. “Por eso vamos a dejar hacer la valoración de parte de la Emru, para saber cuánto van a ofrecer”.

Alimentato reconoce que la renovación del centro ahora es un hecho. “Llevamos años escuchando del proyecto y la hora ya llegó. Sabemos que tenemos que irnos, pero queremos que toda la gente de la zona sea compensada, no solo los propietarios”.

Alcibiades Sepúlveda, propietario del Supermercado La Campesina, es uno de los arrendatarios que tendrá que desocupar el local comercial el próximo 12 de diciembre, después de 29 años de tener el negocio en esta zona. Comenta que los contactos que tuvo con la Emru fue para dejar medir el predio y le preguntaron sobre su actividad comercial.

Pero el 12 de septiembre pasado fue notificado por el propietario del local que tenía tres meses para buscar otro sitio para instalar su negocio. “Primero me llegó una carta y luego hablé con el dueño y me dijo que no me cobraría los tres meses de alquiler como compensación por mi salida”, anota.

Cuando se acercó a la Emru a preguntar por el plan social para los que no son propietarios, se encontró con que los tres meses de arriendo que el propietario no le va a cobrar son asumidos por la Empresa de Renovación Urbana. “Yo tengo que salir de aquí, sin un peso y con millonarias obligaciones que atender y familia que mantener”, manifiesta.

El abogado Rodolfo Yanguas explica que en el centro que será renovado viven 1500 personas en condición de vulnerabilidad (en inquilinatos y en la calle). “Ese problema social a quién se lo vamos a dejar, porque lo que se ve a primera vista es que van a trasladarlo a los barrios vecinos, en vez de tratar de solucionar los focos de indigencia, de pobreza, de drogadicción y de falta de atención de Estado”, dice.

El secretario de Salud del Valle, Fernando Gutiérrez, confirmó que actualmente se estudia un posible caso de ébola en Cali, luego de que una persona que había estado en África llegara a una clínica de la ciudad con un cuadro febril.

De acuerdo con Gutiérrez, se trata de un topógrafo de 38 años que pasó tres meses en Guinea Ecuatorial y el fin de semana pasado se presentó a una clínica del sur de Cali con una cuadro febril y algunos síntomas indicativos de ébola.

"Esta persona está en observación y nosotros estamos llevando a cabo los protocolos de salud para atenderla y evitar que se propague el virus, en caso de que sea positivo", dijo Gutiérrez.

Sin embargo, aclaró que podría tratarse de otra enfermedad viral como dengue o chikungunya, pero ante la alerta mundial por el ébola, que ya tuvo sus primeros casos en América, se están tomando todas las precauciones necesarias en Colombia y el Valle

Por su parte, el secretario de Salud de Cali, Harold Suárez, informó que se están llevando a cabo exámenes renales y hepáticos para determinar el tipo de virus que podría tener el paciente, pues también se sospecha de que sea un cuadro de malaria o leptospirosis.

Suárez informó que una epidemióloga del Instituto Nacional de Salud llegó hasta la clínica en la que está siendo tratado el paciente para realizar la investigación y observación pertinente.

"El paciente se encuentra aislado y hemos tomado todas las medidas de seguridad para evitar un posible contagio. Por ahora, mientras llevamos a cabo todas las pruebas necesarias, el paciente seguirá en observación entre 12 y 21 días para ver la evolución del posible virus de ébola. Sin embargo, cabe aclarar que proviene de un país que se encuentra lejos de África occidental y por lo tanto, se minimiza la probabilidad de un contagio del virus".

Suárez confirmó que en Cali ya se descartó una posible infección de un paciente la semana pasada. Se trató de un ingeniero africano que estuvo en observación por 21 días pero a quien no se le encontró el virus. Lea aquí: Estas son las medidas adoptadas por el Valle para prevenir llegada del ébola

Ante la situación, el viceministro de Salud, Fernando Ruiz, dijo a varios medios que no hay razones de alarma, pues Guinea Ecuatorial está por fuera del área de riesgo y hay que seguir los protocolos, sin embargo, los médicos en Cali siguen realizando los exámenes de rigor.

Por su parte, la Cancillería informó que prohibió el ingreso al país de viajeros que lleguen de Sierra Leona, Liberia, Guinea Conacry y Nigeria.